«Uno confía en el sistema porque el sistema está pensado y organizado para que nuestros mayores tengan una vejez digna».
Foto real (tomada por José Antonio Castro Cebrián)

No seré yo quien hable mal de cierto funcionariado local de Tarifa. Bueno, de Tarifa o de cualquier lugar. No seré yo quien critique o cuestione las normas no escritas sobre el buen hacer o el mejor criterio de los trabajadores de Asuntos Sociales. Dios me libre. Y digo bien, Dios me libre, porque entre tanta mala uva que hoy se gastan ciertas élites gubernamentales, es mejor convocar a una fe inexistente (hablo de la mía) o a una piedad divina (tampoco muy lustrosa), no vaya a ser que esta pequeña disertación caiga en saco de truhanes y maliciosos y tenga unas consecuencias nefastas para mi persona. O para mi suegra —que, dicho sea de paso, es la verdadera protagonista—.

Cuento, por contar un cuento, que un día de septiembre, una mañana de esas soleadas y con viento de levante, una hija y un yerno acuden a pedir asesoramiento a la oficina de Asuntos Sociales de Tarifa. La madre, la suegra, necesita ayuda profesional unas cuantas horas al día. O unas muchas a la semana. Al final, uno confía en el sistema porque el sistema está pensado y organizado para que nuestros mayores tengan una vejez digna, ¿verdad que sí? La pareja, según se acerca a la oficina, distingue las volutas de humo que se elevan de varias bocanadas. En el sitio, dos personas frente a la puerta, una nuera y un hijo, fumando cigarrillos a pares. Se saludan y, a modo de respuesta a una pregunta de los recién llegados («¿es aquí lo de Asuntos Sociales?»), los fumadores señalan un cartel pegado en el cristal: «Volvemos en media hora». Eran las diez y cinco de la mañana, ellos llevaban desde las diez menos veinte, quedan cinco minutos de espera… en teoría.

Cuento, por contar un cuento, que esa hija y ese yerno se fueron de allí a las once y cinco minutos, y que en esa meteórica media hora que duró más de una hora, llegaron varios hijos, yernos y nueras, la mayoría oriundos de Tarifa, y que todos, sin excepción, suspiraron un injusto: «¡Sí que viven bien aquí los funcionarios!».

ES UNA VERGÜENZA. Se me ha colado un grito en este artículo —pido perdón por ello—, pero es que, a veces, ojos que no quieren ver parecen más cristalinos que los de los ingenuos que sí creen verlo todo. Yo soy, no obstante, uno de esos títeres. Creo.

De verdad, lo dramático no es que los funcionarios de Asuntos Sociales que trabajaban aquel día se tomaran la libertad de abandonar sus puestos de atención ciudadana, dejando desatendida la oficina durante más de una hora de reloj —eran tres funcionarios (uséase, personas que desempeñan profesionalmente un empleo público), según nos confirmó un apesadumbrado esperante que el día anterior fue a esa misma oficina y no le pudieron atender—. Lo dramático es lo que ocurre al otro lado de la ventanilla mientras el tiempo vuela: la burocracia se toma su pausa y la vida y los problemas no descansan.

¿Descansan los problemas? EMBISTEN CON UNA FEROCIDAD INUSITADA. —Ups, otro grito que se cuela—. Hace apenas unos días, la imagen de cerca de cincuenta policías —cincuenta, ni tres ni cuatro, que se dice pronto— ejecutando el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de ochenta y siete años a la que han expulsado de su hogar en el codiciado distrito madrileño del Retiro, nos llenó a todos de pena y desasosiego. Al parecer, la compasión, en este caso, se cotiza a más de dos mil seiscientos euros de alquiler al mes. El arrendador prefirió albergar una pizca de indecencia antes que un ápice de mesura. Claro que lo de la pobre Maricarmen, cuya vejez ha sido violentada bajo el amparo de unas frías leyes, no es ni mucho menos un caso aislado. Esto es el reflejo fidedigno de una descomposición moral en la que todos, de un modo u otro, participamos, a veces sin darnos cuenta.

Pocos son los que no aplican una doble vara de medir según sople el viento: si toca vender o alquilar, nos mutamos en codiciosos especuladores; pero si, por el contrario, nos toca buscar techo, exigimos la vivienda como un derecho sagrado e incontestable, nos indignamos con los precios desorbitados y nos rasgamos las vestiduras si hace falta. Solemos culpar a los políticos —a esos truhanes que nunca regulan nada a tiempo— por no aprobar leyes eficaces, pero la verdad es que rechazamos la usura en la teoría mientras la abrazamos con regocijo en la práctica cada vez que se nos presenta la ocasión.

Hoy estoy sembrado… Entre la oficina pública de Asuntos Sociales que te deja esperando una hora en la acera y la avaricia privada que multiplica los alquileres a golpe de fondo buitre, a nuestros mayores los estamos dejando desahuciados mucho antes de que llegue la policía. Y en este desprecio generalizado, nos guste o no admitirlo, nadie está libre de culpa. O casi nadie.

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